jueves, 22 de octubre de 2015

La Consejera Broto contará con la Red Aragonesa de Inclusión para que la nueva Ley de Contratos incluya las peticiones del tercer sector en materia de servicios sociales

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha asistido esta mañana a la clausura de III Jornadas “El Aragón que queremos: Por una contratación pública responsable”, y ha recogido de primera mano las conclusiones y propuestas elaboradas por la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión. Los portavoces de la Red han pedido la creación de una comisión de trabajo para poder aportar la perspectiva y necesidades específicas del tercer sector en materia de servicios sociales de cara a la elaboración de una nueva Ley de Contratos que se va a realizar para aplicar la nueva directiva europea de Contratación Pública aprobada en 2014. La consejera Broto ha asegurado que se va a contar en todo momento con la participación de las entidades sociales “porque es fundamental y son quienes mejor conocen las especifidades de la atención a las necesidades sociales con una perspectiva integral” 




La nueva Directiva de Contratación Pública aprobada en 2014 por la Unión Europea ha motivado a la Red Aragonesa de Inclusión a abrir este debate “porque prioriza criterios sostenibles y un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la participación a las organizaciones del sector de la acción social en la contratación pública”. Para las entidades de la Red esta directiva “abre nuevas posibilidades para una contratación pública responsable, que redunde en la mejora de la atención primaria a las personas que más lo necesitan”.

Más de 80 técnicos de entidades sociales y administraciones públicas han participado activamente en las III Jornadas “El Aragón que queremos” para reclamar “que se deje de priorizar el precio en las adjudicaciones frente a la garantía y apoyo de los objetivos sociales comunes, una premisa imprescindible especialmente en la contratación de servicios relacionados con el ámbito social”. En las conclusiones presentadas hoy se ha apuntado la necesidad de que las cláusulas de los pliegos de contratación “concreten al máximo la calidad con la que la Administración quiere contratar los servicios sociales”. Asimismo, los técnicos de las entidades sociales han incidido también en que “la acción social requiere una nueva perspectiva menos compartimentada y más plural, que tenga en cuenta todo el recorrido vital de las personas”.

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